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Imágenes del documental: Patricia Heras, la gran víctima colateral de este despropósito.

 
 

MANIFESTO! (2015)

Ciutat morta El caso 4-F

Poder, corrupción y mentiras tejen la resolución del caso 4-F, un proceso judicial plagado de irregularidades que intentó desmontar el documental “Ciutat morta” (2014) de Xavier Artigas y Xapo Ortega, cuya emisión televisiva en Canal 33 el 17 de enero de 2015 sacudió una Barcelona entregada a intereses políticos y económicos que se retroalimentan. Xavier Cervantes opinó de todo ello en este artículo.

Los guardias urbanos de Barcelona Víctor Bayona y Bakari Samyang ingresaron en la cárcel de Quatre Camins el 8 de enero de 2015. La Audiencia de Barcelona los había condenado en octubre de 2011 a dos años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito de torturas graves. Bayona y Samyang torturaron en la comisaría de la Zona Franca a Yuri Jardine, un joven negro de Trinidad y Tobago. Sí, el color de la piel es relevante. Todo había empezado el 6 de septiembre de 2006 en la discoteca Bikini, donde los dos policías municipales, fuera de servicio, insultaron a una amiga de Jardine. Tras una breve pelea, detuvieron a Jardine y construyeron una falsa acusación de tráfico de drogas. El montaje se vino abajo porque el padre de Jardine desempeñaba un cargo diplomático en Noruega. Bayona y Samyang solicitaron el indulto, que fue denegado. En cambio, en diciembre de 2014 les fue concedida una pensión vitalicia de entre 1.600 y 1.800 euros al mes atendiendo a un informe médico que los declara “inhábiles por razones psíquicas”. Aquí Roma sí paga a los traidores.

Unos meses antes, la madrugada del 4 de febrero de 2006, aquellos dos policías formaban parte de las patrullas que habían acudido a la calle Sant Pere més Baix para prevenir posibles incidentes en el Palau Alòs, un edificio ocupado donde se celebraba una fiesta, a medio camino del Palau de la Música y la iglesia de Santa Maria del Mar. Y sí, la geografía urbana es relevante, porque el edificio –que hoy acoge un equipamiento municipal– está al lado del Forat de la Vergonya, un solar que los vecinos decidieron autogestionar ante el temor de que la tutela del Ayuntamiento propiciara la especulación en el barrio de Sant Pere, en el distrito de Ciutat Vella.

Los incidentes que se produjeron aquella noche de febrero de 2006 dieron lugar al caso 4-F. Un policía municipal recibió el impacto de “un objeto de gran masa lanzado desde mucha altura”, según el doctor José Luis Rodríguez Mayorga, del Instituto Médico Legal y Forense de la Universitat de Barcelona. A causa del golpe, el policía quedó en coma. Inmediatamente, se detuvo a siete personas a pie de calle, todas con pasaporte europeo (español, italiano y alemán), pero dos de ellas de origen chileno y otra argentino: Rodrigo Lanza, Álex Cisternas y Juan Pintos. Y sí, el origen es relevante, porque esas tres personas fueron señaladas por los agentes Bayona y Samyang como los responsables del lanzamiento de los objetos que hirieron al policía y porque fueron las únicas que acabaron encarceladas preventivamente. Lanza denunció que los guardias urbanos lo habían torturado en la comisaría de la Rambla, pero la acusación fue desestimada. Como recuerda Lanza en el documental “Ciutat morta” (Xavier Artigas y Xapo Ortega, 2014), él solo era “un sudaca de mierda”.

Unas horas después, en el Hospital del Mar, adonde habían trasladado a los detenidos para que les curaran las heridas, la policía detuvo a Alfredo Pestana y Patricia Heras, que habían sufrido un accidente de bicicleta. No tenían nada que ver con los incidentes de Sant Pere més Baix, pero la estética queer y el corte de pelo de Patricia, que imitaba el de Cyndi Lauper, con una parte rapada a cuadros, la convirtieron en sospechosa, y tanto ella como Pestana fueron acusados de haber lanzado a un agente una valla que le provocó “una contusión con hematoma en el tobillo que curó sin necesidad de asistencia facultativa” (así lo recoge la sentencia del caso). Y sí, la estética es relevante, porque estigmatiza y porque “un peinado identificativo es una golosina para la policía”, tal y como explica Silvia Villullas, compañera de Patricia.

 

Imágenes del documental: contradictorias voces oficiales y la imposible búsqueda de la verdad.

 

Todo lo que vino a continuación fue un trágico despropósito. El entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, explicó en Catalunya Ràdio que un informe de la Guardia Urbana aseguraba que el objeto que golpeó al policía fue una maceta lanzada desde un balcón del edificio. Eso exculpaba a los detenidos. Después cambió la versión, y tanto él como su sucesor, Jordi Hereu, defendieron que el objeto se había lanzado desde la calle y que tras recibir un impacto en la frente el agente se desplomó y se golpeó la base del cráneo contra el suelo. La jueza de instrucción Carmen García Martínez apoyó la declaración policial y durante el juicio se desestimó todo aquello que cuestionara la versión de la Guardia Urbana. Tener unos culpables eximía al Ayuntamiento de su responsabilidad civil subsidiaria en tanto que propietario de la finca.

La fiscalía pedía once años de cárcel para los tres acusados principales. Sorprendentemente, las penas fueron inferiores: tres años y seis meses para Cisternas y Pintos, y para Lanza cuatro años y seis meses –y el pago de una indemnización de más de un millón de euros– por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones imprudentes, al considerarlo “el principal responsable del lanzamiento de la piedra y de la herida grave que sufrió el agente”. Como ya había cumplido dos años de prisión preventiva, Lanza también quedaba en libertad condicional. Las defensas no aceptaban más veredicto que la absolución. Recurrieron, confiando en la justicia, pero el recurso tuvo el efecto contrario y el 12 de junio de 2009 el Tribunal Supremo amplió hasta los cinco años la condena de Lanza, que fue a parar a la cárcel de Quatre Camins, donde estuvo hasta el 28 de diciembre de 2012, el día de los Inocentes. El tribunal desestimó el recurso de Patricia Heras, que fue condenada a tres años, e ingresó en la prisión de Wad-Ras en octubre de 2010. Dos meses después le concedieron el tercer grado. Se suicidó el 26 de abril de 2011 durante un permiso penitenciario.

Patricia Heras, poeta nacida en Madrid en 1974, había llegado a Barcelona en 2005. El sueño olímpico ya se había desvanecido entre los escombros políticos de un Fòrum de las Culturas de 2004 infestado por la corrupción. Aun así, la ciudad, construida entre el prodigio y la infamia, fue idealizada por jóvenes de medio mundo que encontraban un equilibrio insólito entre el confort del norte y la excitación del sur. O al menos ese era el esquema mental que propagaron la escena musical mestiza, la tolerancia del Gaixample y películas como “Una casa de locos” (Cédric Klapisch, 2002).

Patricia Heras venía a “una ciudad mágica” que ya empezaba a ser otra cosa. Se acababa de aprobar la ordenanza municipal para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. También se puso en marcha la intervención integral de los barrios de Sant Pere y Santa Caterina, un nuevo paso en pos de una gentrificación que a Barcelona se le ha dado fatal, porque pocas veces se ha producido el ennoblecimiento integral del espacio o la renovación significativa de población residente que se buscaba. Quizá por eso se decidió matar la ciudad y convertirla en un zombi de aspecto aseado y tripas en descomposición. Se empezó a hostigar a los vecinos para expulsarlos de Ciutat Vella y entregar Barcelona a la explotación turística. En esa huida hacia adelante no se hacen prisioneros. En julio de 2009, unos días antes de que estallara el caso Millet, Itziar González, entonces regidora del distrito de Ciutat Vella, recibió una carta en la que se la amenazaba de muerte si no abandonaba su cargo. Su “crimen”: denunciar una trama de corrupción que favorecía a los apartamentos turísticos y los hoteles y en la que estaba implicado personal municipal. González dimitió en abril de 2010. La ciudad zombi que se cree smart city exige cómplices y recompensa a sus lacayos, pero no tolera discrepantes, aunque no levanten la voz y simplemente vistan diferente.

Patricia Heras se fue cuando la marca Barcelona ya olía a podrido. Y aquí seguimos, en la Ciutat Podrida, a tres meses de unas elecciones municipales.

Ejemplar cine contrainformativo

 
Ciutat morta, El caso 4-F
 


En el documental “Ciutat morta”, dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega, de la productora barcelonesa Metromuster, el periodista Gregorio Morán traza una analogía entre el caso 4F y esas películas de Hollywood donde siempre aparece una figura moral, ya sea un juez, un periodista, un policía, que reacciona frente a la manipulación y la injusticia. Morán lamenta que eso no sucediera con el 4F, porque el relato de la versión oficial se dio por cerrado con el redactado de las sentencias judiciales.

Cuando Artigas y Ortega empezaron a trabajar en el documental, su objetivo era ir más allá de la versión oficial, investigar los pliegues de una historia con demasiadas sombras. Tras la muerte de Patricia Heras, una persona se puso en contacto con Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados y el Observatorio DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales). Le explicó que tenía información relevante sobre el caso 4F: alguien le había confesado ser el autor del lanzamiento del objeto que hirió al policía. Hasta el momento, nadie ha abierto investigaciones para determinar la veracidad de ese testimonio.

A Artigas y Ortega no les detuvo el hecho de que ni la Guardia Urbana ni los políticos municipales quisieran participar en el documental. Siguieron adelante y acabaron confeccionando un “ejemplo paradigmático de cine contrainformativo con vocación social”, según palabras de la crítica cinematográfica Eulàlia Iglesias.

El trabajo de Artigas y Ortega ha sido premiado en festivales de cine como el de Málaga, que reconoció “Ciutat morta” con la Biznaga de Plata al mejor documental en 2014, y ha tenido un amplio recorrido de exhibición que culminó el 17 de enero con su emisión por el Canal 33 de Televisió de Catalunya, con una audiencia de más de medio millón de espectadores. Quienes lo vieron fueron recibidos con una cita de Montesquieu: “No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de la ley con apariencia de justicia”. Ahora, casi nueve años después de aquel 4 de febrero, incluso la Barcelona más cínica reclama la reapertura del caso.

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