No callaremos El miedo es el mensaje

Las recientes condenas de Valtonyc, La Insurgencia y Pablo Hasél por los contenidos de sus canciones pone de manifiesto la delicadísima situación de la libertad de expresión en el estado español. Pero, más allá de la Ley Mordaza, el clima de censura se está normalizando en todos los ámbitos de la vida pública. David Saavedra analiza la situación en este artículo.

Bajo el título “César Strawberry. Palabras entre rejas”, en el número de febrero de 2017 (RDL 358) denunciábamos la creciente vulneración del derecho a la libertad de expresión en España a colación de la condena a un año de prisión del líder de Def Con Dos por el contenido de seis exabruptos en forma de tuits humorísticos. Catorce meses después, la tendencia sigue yendo a peor. Es cierto que tanto Strawberry como la tuitera Cassandra Vera, de quien también hablábamos en el artículo, fueron posteriormente absueltos –con menor impacto mediático, por cierto–, pero el daño sobre ellos estaba ya hecho. El último informe anual de Amnistía Internacional vuelve a hacer especial hincapié en este aspecto en el apartado dedicado al estado español, que arranca diciendo que “se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”.

Más recientemente, y coincidiendo con la convocatoria de una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid pidiendo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (popularmente conocida como “Ley Mordaza”) en el tercer aniversario de su aplicación, la ONG distribuía un comunicado bajo el título “Tuitea si te atreves: La libertad de expresión en España está bajo amenaza”. “Usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en España en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el ‘enaltecimiento’ del terrorismo y la ‘humillación de las víctimas de los delitos terroristas’. El impacto de esta aplicación es devastador para las personas: cuantiosas multas, largos períodos de exclusión del sector público, penas de prisión... y una consecuencia intangible: la autocensura por miedo a sufrir la represión”, reza una parte del texto.

En los últimos meses, los jueces se han cebado particularmente con la música rap. De hecho, como ya denunciamos en abril de 2017 (RDL 360), el mallorquín Valtonyc (24 años, de verdadero nombre Josep Miquel Arenas Beltrán), va a ser –si las cosas no cambian tras el cierre de esta edición– el primero que ingrese efectivamente en prisión por el contenido de sus canciones. El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia impuesta un año antes por la Audiencia Nacional. La condena: tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al Rey y amenazas no condicionales a particular.

En noviembre de 2017, fueron juzgados doce de los trece componentes del colectivo de raperos La Insurgencia. Uno de ellos se libró por ser menor de edad; el resto tienen entre 20 y 31 años. Se les condenó a dos años y un día de prisión, ocho de inhabilitación y 4.800 euros de multa por enaltecimiento del terrorismo. La acusación se sostuvo sobre frases aisladas de sus canciones y en el “riesgo abstracto” de que sus oyentes puedan cometer un atentado.

Anterior a la instauración de la Ley de Seguridad Ciudadana es el caso del ilerdense Pablo Rivadulla Duró, de 29 años, artísticamente conocido como Pablo Hasél. En 2014 fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones, a lo que se acaban de sumar, en marzo de 2018, otros dos años y un día y 24.300 euros de multa por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona e instituciones por sus comentarios e insultos en las redes sociales.

Otro caso sintomático, mencionado por Amnistía Internacional en su informe, es el de Álex García, cineasta de 23 años, que abrió un canal de YouTube llamado Resistencia Films en 2013. Cuatro años más tarde, en julio de 2017, la policía le entregó una citación judicial y él tuvo acceso a un informe policial de mil páginas en el que se enumeraban todos los vídeos del canal, fotografías, transcripciones de audio y las biografías de algunas de las personas entrevistadas. García fue acusado de enaltecimiento del terrorismo y también puede ser condenado a dos años de prisión, más nueve años de inhabilitación y una multa de 2.000 euros.

Pero hay que ir más allá del tema jurídico, por muy alarmante y disparatado que ya sea por sí solo. El clima represivo sobre la palabra, el pensamiento y la opinión corre un importante peligro de normalización a nivel social y laboral. Ya forma parte de nuestra cotidianidad, tal como anticipaban Los Punsetes en su canción “Dos policías” (2008): “Dos policías en el ambiente / dos policías dentro de tu mente / dos policías en tu respiración / dos para partirte el corazón”. A los casos narrados anteriormente, hay que añadir todos los de artistas censurados de modos más o menos sutiles. El más notorio ha sido el de Santiago Sierra, cuya instalación “Presos políticos en la España contemporánea” fue retirada de la última edición de ARCO a petición de la entidad organizadora, Ifema. Es la primera vez en los treinta y seis años de vida de la feria de arte madrileña en que una obra era retirada debido a su contenido. Pero... ¿cuántos más casos de músicos no radiados, no programados por ayuntamientos, promotores y festivales habrá que desconozcamos? ¿Cómo medir la autocensura que todos los ciudadanos nos estamos imponiendo a la hora de evitarnos problemas? ¿Cómo cuantificar la interiorización del miedo?

Es cierto que los músicos que han sido juzgados comparten una serie de características estilísticas e ideológicas. Cínicamente, hay una corriente de opinión bastante instaurada que viene a decir que “ellos se lo han buscado”, pero el siguiente paso debe trascender la condescendencia de afirmaciones reduccionistas del tipo “son cuatro radicales en busca de notoriedad”. La plataforma No Callarem, constituida el año pasado, está haciendo un importantísimo trabajo a nivel de concienciación.

La iniciativa comenzó siendo algo residual, en una trinchera acotada a artistas minoritarios y, en general, políticamente activos previamente, pero la asociación pretende dar el gran salto en la semana del 9 al 15 de abril, días para los que han convocado un programa de conciertos y actos culturales en Barcelona por la libertad de expresión (animando a que en otras ciudades se haga lo mismo) y poniendo fin a la que era una de sus mayores preocupaciones: el silencio de la plana mayor del rap español. El mismo mes se estrenará un videoclip en el que primeras espadas de nuestro hip hop rimarán versos de Valtonyc. Además, hay un manifiesto de adhesión en su página web, nocallarem.org. El impacto aún es lejano al de aquel “No a la guerra” de la ceremonia de los Goya en 2003, y, ante la gravedad de lo que está sucediendo, urge que se pronuncien todos nuestros artistas, intelectuales, promotores, sellos, festivales, instituciones culturales, medios de comunicación... En plena era del #MeToo, es necesario sentirse apelados y asumir uno de los hashtags esgrimidos por No Callarem: #MañanaPuedesSerTú.