Justicia universal Quimera atemporal

La muerte de Slobodan Milosevic –ex presidente de la ex República Yugoslava y, tras su disolución, de la República Serbia– en los calabozos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya el 11 de marzo de 2006 fue considerada, por varios analistas, su última gesta para la causa etnonacionalista de la Gran Serbia: una causa que transformó el mensaje ideológico comunista en un mensaje de sangriento nacionalismo exclusivista, basado en una supuesta postura victimista serbia (el pueblo serbio, históricamente maltratado por Occidente). ¿Malos tiempos para la justicia internacional? De ello escribe Fede Guerrero en este Manifesto!

Con su muerte, Slobodan Milosevic, responsable de la considerada mayor tragedia humanitaria de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido mantener esa máxima utilitarista y épica (aunque éticamente reprobable) de “morir matando”. Independientemente de si el móvil de la muerte de Milosevic ha sido el suicidio (asistido o no), el asesinato o la muerte natural, la verdad es que el resultado final –su muerte y la imposibilidad de ser condenado por los crímenes cometidos– ha tenido un triple efecto: en primer lugar, ha representado una cierta victoria moral para los nacionalistas serbios y su causa (un nuevo mártir ha nacido); en segundo lugar, al quedar Milosevic sin castigo, las víctimas no han podido disfrutar de una más que justa y necesaria reparación moral (la última esperanza que les queda para intentar restañar un dolor demasiado hondo); finalmente, ha inflingido un golpe letal a una justicia penal internacional que veía cómo se esfumaba la posibilidad de condenar por primera vez a un jefe de Estado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Una condena que hubiese supuesto el espaldarazo definitivo para legitimar su objetivo principal: demostrar que ya no existe impunidad para quienes cometen crímenes contra la humanidad, independientemente del cargo político o institucional que ostenten, y que hasta el momento se escudaban en una éticamente mezquina salvaguarda de la soberanía nacional (en un claro ejemplo de perversa interpretación del principio de no injerencia). Es decir, conseguir por fin la aplicación tanto horizontal (a nivel geográfico) como vertical (a nivel de escalafón o jerarquía política) de la jurisprudencia penal universal.

En este sentido, la muerte de Milosevic perpetúa una constante europeo-occidental durante el último siglo: por uno u otro motivo, nunca se ha podido juzgar y condenar a los grandes genocidas, dictadores y asesinos políticos europeos (llámense Hitler, Stalin, Ceaucescu o Milosevic). Esto nos llevará a preguntarnos qué futuro le depara a la justicia penal internacional y qué motivos u obstáculos han propiciado y propician que esa quimera jurídica, política y ética (el fin de la impunidad frente a los crímenes ejercidos contra la humanidad) no se haya producido hasta el momento.

CONTRA LA IMPUNIDAD

A nivel histórico, la búsqueda de un tribunal penal internacional permanente que aplique una jurisprudencia de carácter universal para la lucha contra los crímenes contra la humanidad y el genocidio ha conocido diversos precedentes, aunque todos ellos basados en la creación de tribunales ad hoc y con unos resultados bastantes decepcionantes. Desde el intento de juzgar a los criminales de guerra alemanes de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles (1919) hasta la instauración de los Tribunales Militares de Nuremberg (1945) y Tokio (1946) posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los problemas con que se han enfrentado esos tribunales han sido varios: desde la crítica por su falta de imparcialidad (eran tribunales creados por los vencedores para juzgar a los vencidos, lo que les restaba legitimidad) hasta la muerte de los máximos responsables antes de poder ser juzgados (Hitler, Goebbels), pasando por vergonzantes situaciones de oportunismo político (el japonés Hiro Hito no sólo no fue juzgado, sino mantenido como emperador por los estadounidenses para facilitar su ocupación sobre territorio nipón).

La aparición de la Guerra Fría paralizó la propuesta de la Asamblea General de Naciones Unidas para la instauración de dicho tribunal. Y hasta la creación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) en 1993 y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994 no se retomó una idea que cristalizó en la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2002: el primer tribunal permanente y universal para juzgar dicho tipo de delitos. En este sentido, los resultados obtenidos por los tribunales de ex Yugoslavia y Ruanda serán determinantes para que el TPI inicie sus futuros trabajos de manera sólida y respetada (el TPI sólo puede juzgar crímenes y hechos cometidos a partir de su fecha de creación, sin posibilidad de retroactividad).

Por el lado de los intereses y motivos que obstaculizan el correcto desarrollo de una justicia penal internacional, existe una corriente de opinión que considera que lo mejor para perdonar es olvidar. En otras palabras, que el procesamiento de autoridades políticas y militares puede convertirse en un obstáculo para la reconciliación y la reconstrucción nacional, en una forma de mantener “abierta la herida”. Craso error. No se puede formalizar una base consistente para la reconciliación y el perdón sin una depuración previa de responsabilidades, ya que, de este modo, se está proveyendo un abono para que la semilla del rencor, el odio, la impotencia y la represalia germine antes o después (uno de los grandes errores cometidos a lo largo de la historia europea). En este sentido, y como afirma el jurista internacionalista vasco Xabier Agirre Aramburu, el esclarecimiento de los crímenes y las responsabilidades individuales sería una precondición ineludible para cualquier proceso de paz viable.

Pero mientras que algunos (de buena fe) optan por la opción del olvido con una lógica reconciliadora, otros la defienden como una forma de protegerse de posibles consecuencias, si no jurídicas, sí políticas. Es de sobras conocido que los dictadores y genocidas desarrollan la mayor parte de las veces sus atrocidades con la connivencia (si no activa, como mínimo pasiva) de las grandes potencias. En este sentido, moralmente es tan grave apoyar a un genocida como inhibirse y permitir que actúe. En el caso del conflicto de los Balcanes, la falta de capacidad de reacción de la UE y Estados Unidos ante el desastre fue patente (por no hablar del genocidio ruandés). Resulta significativo que tras la muerte de Milosevic la UE respire tranquila y declare que ahora es el momento de pasar página del pasado y mirar hacia el futuro. ¿A qué precio? ¿Se volverá a repetir la dinámica de que los máximos responsables e ideólogos de dichos crímenes nunca son juzgados y condenados y se cumplirá el expediente condenando a los simples ejecutores de dichos crímenes (culpables, de todos modos)?

LA JUSTICIA DE LOS HOMBRES

Es el momento de desterrar de una vez por todas esa socorrida frase de que a los dictadores y genocidas “sólo la historia los juzgará”. Han de ser juzgados en vida y por los hombres, sin dejar margen a posibles justificaciones o zonas grises interpretativas que alimenten odios. La historia es susceptible de ser revisionada y tergiversada (tenemos como ejemplos la negativa turca a reconocer el genocidio perpetrado sobre la población armenia entre 1914 y 1918, o la negativa japonesa a reconocer los crímenes cometidos en Asia durante su período de colonización en los años treinta y cuarenta), y más que ayudar a pasar página lo que hace es contribuir a perpetuar conflictos no debidamente resueltos en su momento.

En definitiva, la justicia internacional y sus instituciones no dejan de ser instrumentos que en última instancia dependen de los Estados para desarrollar sus funciones. Si realmente queremos apostar por una justicia penal internacional imparcial y sólida es necesario que, en primera instancia, los propios estados se la tomen en serio y no apliquen dobles raseros. No puede ser que mientras el Tribunal de Ruanda condena a cadena perpetua al ex primer ministro ruandés Jean Kambanda por delito de genocidio, en la “civilizada” Europa aún se esté jugando bochornosamente al gato y el ratón con la búsqueda y captura de otros dos causantes de los horrores en los Balcanes como Ratko Mladic (ex comandante del ejército serbio de Bosnia) y Radovan Karadzic (ex presidente serbo-bosnio), responsables de la matanza en Srebrenica de ocho mil musulmanes ante la pasividad de las fuerzas de la ONU; Mladic y Karadzic se encuentran “escondidos” en Bosnia con el beneplácito de las propias autoridades serbo-bosnias.