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Venezuela revuelta, Movilizaciones tras el 12-F

Ilustración: Paco Alcázar

 

VISTO Y NO VISTO (2014)

Venezuela revuelta Movilizaciones tras el 12-F

Más que simples enfrentamientos entre izquierda y derecha, el recrudecimiento de las protestas en Venezuela ha puesto en evidencia demandas sociales comunes a toda la población: respuestas ante la inseguridad, la escasez, la inflación y un cese a la represión y la violencia que, tras un mes de movilizaciones, suma fallecidos y casos de violación de derechos humanos. Susana Funes opinó en esta columna de la situación al cierre del número de abril de Rockdelux.

Al escribir estas líneas, en Venezuela ya se cuentan 28 fallecidos y más de 1.400 detenciones, según el Ministerio Público al 13 de marzo, como saldo de un mes de protestas y enfrentamientos que, de manera simplista, suelen interpretarse como otro choque más entre el gobierno chavista –de “izquierda”– y sectores –de “derecha”– que se oponen al socialismo del siglo XXI. Pero la situación es más compleja. Efectivamente, Venezuela es un país políticamente polarizado, como se evidenció en las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro a la Presidencia con un 50,6% de los votos, tan solo un 1,59% de diferencia respecto al candidato opositor.

No obstante, no fue esta polarización el detonante. El 12 de febrero, inicio de la escalada, movimientos estudiantiles convocaron una marcha por la liberación de varios estudiantes que habían sido arrestados en una marcha previa contra la inseguridad, en el estado Táchira. Sus detenciones y la cruenta represión motivaron la adhesión de otras universidades y así la ola de protestas se fue expandiendo, esta vez no desde Caracas hasta las regiones, sino a la inversa.

La convocatoria estudiantil del 12-F en Caracas no tenía orientación política. En apoyo a los detenidos, aunaba las demandas que se venían repitiendo en el interior: inseguridad e impunidad (45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la ONU en 2013), inflación (57,3%, en febrero de 2014) y escasez de bienes y servicios (28%, en enero de 2014), desde alimentos básicos y medicamentos hasta papel higiénico.

 
Venezuela revuelta, Movilizaciones tras el 12-F

El presidente Nicolás Maduro llamó a grupos civiles afectos al Gobierno a realizar acciones de orden público.

 

Diversos sectores se sumaron, incluyendo opositores como la diputada María Corina Machado y el exalcalde Leopoldo López, que intentaron capitalizar el descontento bajo el eslogan “La salida”. Esto sirvió de excusa para que el Gobierno estigmatizara las protestas como “fascistas” y “golpistas”. El canal colombiano NTN24, que emitía la marcha, fue retirado de la programación por cable y bloqueado por el órgano regulador “en tanto no desista de sus intentos de apoyar activamente la desestabilización”.

Ese día, cuando el grueso de los manifestantes se había retirado, grupos rezagados iniciaron pequeños disturbios que fueron repelidos con armas de fuego por uniformados del Servicio de Inteligencia (Sebin) junto con civiles armados, estos últimos presuntamente de los llamados “colectivos” simpatizantes del Gobierno. El joven Bassil da Costa y Juan Montoya, uno de los líderes de los colectivos, resultaron muertos por sendos tiros en la cabeza. Más tarde murió otro joven en un piquete nocturno, a raíz del disparo de un motorista.

Desde entonces, los enfrentamientos se han recrudecido. A las marchas y acciones pacíficas en la capital –incluyendo áreas populares como Catia, Caricuao y Petare– y ciudades del interior –San Cristóbal, principal bastión–, se han sumado piquetes y barricadas. Voceros gubernamentales sostienen que se enfrentan a movimientos golpistas, pretexto para acallar cualquier disidencia. La represión y el amedrentamiento continúan, aunque cinco funcionarios del Sebin fueron imputados por los hechos del 12-F, quince funcionarios detenidos por violaciones a los derechos humanos y sobre otros tres hay emitidas órdenes de captura.

 
Venezuela revuelta, Movilizaciones tras el 12-F

La represión y el amedrentamiento continúan: funcionarios detenidos por violaciones a los derechos humanos.

 

Según denuncias y numerosos vídeos, existe una estrategia de choque contra los manifestantes: civiles armados de los colectivos irrumpen en motocicletas, disparando; luego, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizan detenciones no exentas de golpizas y abusos de fuerza. El mismo Maduro, en la conmemoración de la muerte de Chávez, llamó a grupos civiles afectos al Gobierno a realizar acciones de orden público. En Caracas, San Cristóbal y Valencia –ciudad militarizada, como ciertas zonas de la capital– se han allanado residencias sin respetar formalismos legales.

Al 16 de marzo, la ONG Foro Penal Venezolano contaba más de 1.500 detenciones en todo el país, con un patrón de arbitrariedades, vejaciones y faltas al debido proceso.  Ya ha formalizado ante el Ministerio Público cuarenta y ocho denuncias de violaciones de los derechos humanos, incluyendo tortura, más otros once casos en proceso de documentación.

La calle sigue encendida. Aunque partidos opositores no han logrado captar a los sectores populares, sí los han movilizado las colas para adquirir alimentos, el coste de la vida, la inseguridad y la represión, problemas que se vienen agravando desde los últimos períodos de Chávez. Sin liderazgos claros ni más aglutinadores que estas demandas sociales, coexisten marchas pacíficas y piquetes; opositores radicales y votantes del chavismo descontentos; acciones sin color partidista y asambleas políticas; la emergencia de algún nuevo activista en zonas pobres y una izquierda enfrentada al chavismo que comienza a ganar visibilidad.

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