Vivienda, vivienda, vivienda

rtículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Julio Anguita, político con hechuras de intelectual, cosa rara en la clase política actual, tan lerda, poco o nada culta cuando no directamente cortita, tenía especial fijación con la Constitución. Decía, en los años noventa del siglo pasado, que había que cumplirla. La carta magna inspiraba su famoso lema: “Programa, programa, programa”. El mandato de la Constitución debería respetarse mínimamente si queremos ser un país medio serio. Y no, no hay excusas ya, no sirve “es que la ‘housing crisis’ es global”. Este derecho se ha visto vulnerado, pisoteado y ultrajado desde hace mucho tiempo. Y no ha pasado nada. Hasta que ha pasado: el desahucio de Maricarmen. Un caso flagrante, pero habitual: en el primer trimestre de 2026 se ejecutaron en nuestro país 4005 desahucios. En muchos de ellos no hay alternativa habitacional, y la situación para la persona o familia es de extrema vulnerabilidad. El problema estructural de la vivienda es intergeneracional, no entiende de género ni de nacionalidad: es profundamente transversal. No hay más que pasarse por una asamblea del sindicato de inquilinas que te toque. En mi caso, Málaga, quinta ciudad en desahucios de todo el país, la que va como un tiro, dicen.

A los malnacidos que vomitan por las redes su odio estos días les habría encantado que Maricarmen se tirara por el balcón. Pero Maricarmen, con su pinta de borde y casi nonagenaria, decidió luchar. Y acudió a quienes llevan una década trabajando por el derecho a la vivienda en su ciudad: en este caso, al residir en el distrito madrileño de Retiro, esta ciudadana fue a la asamblea del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que, como todos estos sindicatos que han surgido como setas a nivel estatal desde hace una década –el Sindicat de Llogateres de Barcelona, los Sindicatos de Inquilinas de Gran Canaria, Málaga o los sindicatos de la vivienda de Euskadi–, ha prestado apoyo moral y legal, incluso emocional, a las personas afectadas por los abusos de propietarios, grandes tenedores y fondos de inversión de la vergüenza. Subidas de alquileres indiscriminadas, inestabilidad habitacional, amenazas de desahucio… Lo típico.

En un estado de alienación como el que el inquilinato sufre desde hace años, estos sindicatos han sido fuente de asesoramiento, concienciación política y protesta frente a un goliat que era –lo sigue siendo– demasiado gigante. Estas asociaciones, llamadas “sindicatos” pero que carecen de dicho estatus, continúan la tradición de las ligas de inquilinos creadas a principios del siglo XX con el crecimiento de las urbes, el éxodo del campo y la falta de vivienda digna para masas de trabajadores pobres desplazados. En 2005, existió una Liga de Inquilinos en Sevilla, inspirada en la huelga del inquilinato de los corralones de 1919, descrita en la recopilación de ensayos “La ciudad” (1921) de Manuel Chaves Nogales.

“La vivienda siempre es mucho más que simplemente vivienda, pero los debates contemporáneos no abordan cuestiones como la opresión residencial y la emancipación. La vivienda debe ser repolitizada. Lo que hemos denominado ‘los aspectos políticos de la vivienda’ debe volver a entrar en los debates públicos”. David Madden y Peter Marcuse –hijo de Herbert Marcuse, filósofo de la Escuela de Frankfurt– escribieron esto en un ensayo que todo el mundo debería leer, “En defensa de la vivienda” (“In Defense Of Housing. The Politics Of Crisis”, 2016; publicado aquí por Capitán Swing en 2018). La vivienda debería estar insertada dentro del debate político desde hace mucho; es más, para la izquierda tendría que haber sido su reclamo electoral principal.

Pero ni la vivienda ha captado el interés de la opinión del público ni la izquierda, salvo honrosas excepciones, ha estado a la altura de las demandas de las miles de personas que, a día de hoy, no tienen acceso a este derecho básico. Se me ocurrió preguntar un día por el tema a un director de periódico de mi ciudad, en principio progresista, o lo que quiera decir eso, y me contestó, con frialdad: “¿Cuántas personas vivís de alquiler en España, a cuánta gente afecta esto?”. Deduje de su respuesta que los inquilinos éramos ciudadanos de segunda. Es gracioso ver como estos días se ha argumentado, con seriedad cuñada, que el desahucio de María del Carmen Abascal, inquilina pagadora y cumplidora que ha sufrido el típico mobbing inmobiliario con resultado catastrófico, “se ha politizado”. Es que por fin se ha politizado, ya era hora.

El artículo 47 de la Constitución insta a los poderes públicos a que hagan valer ese derecho. La cosa parece muy política. Fueron un político –Mariano Rajoy– y su partido en el gobierno, el PP, quienes modificaron la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013. El inquilinato no lo sabía, pero acababan de joderle la vida. Por un lado, redujeron los contratos mínimos de alquiler de cinco años a tres. Esto, en un mercado de precios loquísimo en alza constante a años luz del incremento de los salarios, solo se podía traducir en drmática pérdida adquisitiva para los arrendatarios. La otra consecuencia de la política de aquel gobierno liberaloide-conservador fue la entrada a saco de las SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario: o sea, Satán), que se dedicaron a invertir, exentas de impuestos, arramblando con los pisos que se habían quedado colgados desde los años de la crisis de 2008. La Ley 4/2013, de 4 de junio tenía como fin aprobar medidas de “flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (sic). El resultado, catastrófico, podemos sentirlo en nuestras carnes trece años después.

La acampada de Sol es una protesta justa y con autoridad moral –la que proporciona que una causa sea justa– que se extiende por todo el país. Es más, tenía que ocurrir. La capacidad organizativa de los sindicatos de inquilinas está siendo formidable, mal que pese a populistas y demagogos desafectos a la Constitución que tanto defendía un político decente como Anguita. La acampada es un movimiento democrático. Han puesto la vivienda en el centro de la agenda política, de donde no se debió mover nunca tras la crisis hipotecaria, que ya destapó un sistema voraz que solo machaca a los más vulnerables.

Es una gozada ver a artistas como Biznaga –o a Bad Gyal en su momento, defendiendo el activismo del Sindicat de Llogateres– y Las Petunias apoyar con firmeza esta causa, pasarse por esa ciudad de iglús para decir que estamos hartos, y que el momento es “¡AHORA!”. ¿Y qué pasará hoy en el Congreso de los Diputados con el decreto Maricarmen, troceado de manera estratégica por el gobierno de Pedro Sánchez para su convalidación en la cámara baja? Pasará que PP, Vox y Junts volverán a retratarse. Pasará que tendremos que seguir luchando. “¿Te imaginas que fuera posible otra vida?”.

Habitar con dignidad. ∎