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Ernest Urtasun
“La cultura no es un lujo: es un derecho ciudadano fundamental”
Hay una percepción de confrontación entre grandes festivales y salas pequeñas. ¿Existe realmente esa tensión?
No soy contrario a los grandes festivales; al contrario, valoro profundamente el papel que han desempeñado en el desarrollo de la música en vivo en nuestro país. Este año hemos concedido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Primavera Sound precisamente porque ha contribuido a situar a España en el mapa internacional. La cuestión no es oponer modelos, sino garantizar el equilibrio. Que los grandes festivales mantengan una programación ambiciosa y de calidad, que estén conectados con el tejido cultural local y que existan vasos comunicantes reales entre la sala pequeña y el gran escenario. El ecosistema debe funcionar de manera integrada. En ese contexto, estamos estudiando el modelo británico de contribución voluntaria por entrada vendida destinada a apoyar a las salas pequeñas. No se trata de un impuesto, sino de un mecanismo voluntario que podría fortalecer la base del sistema y reforzar la sostenibilidad del conjunto.
¿Qué queda pendiente del Estatuto del Artista?
Hemos conseguido avances relevantes. Desde 2023 existe una prestación por desempleo específica para el sector cultural, y eso supone un cambio estructural largamente reclamado. En diciembre adaptamos también el IRPF a la intermitencia de los ingresos. Un artista no percibe una nómina regular de enero a diciembre; suele concentrar sus ingresos en determinados períodos del año y no puede tributar como si tuviera estabilidad mensual. Esa anomalía ya se ha corregido. Lo pendiente es la cotización a la Seguridad Social. No puede ser que un músico pague una cuota diseñada para trabajadores con empleo estable. Muchas veces eso empuja a trabajar en negro. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad Social para establecer una cuota reducida específica para artistas. Es complejo, pero es prioritario.
¿Qué aprendió el ministerio del colapso de la música en directo durante la pandemia?
El aprendizaje es que estábamos ante un ecosistema muy precario y muy débil. Lo que se trata ahora es de construir las bases de un ecosistema más robusto que pueda afrontar shocks de ese tipo. Antes, el ecosistema de la música en vivo no estaba preparado para algo así. ¿Cómo se fortalece? Si en dos o tres años contamos con salas capaces de programar con estabilidad, con un apoyo público suficiente, y con músicos que puedan acceder a una prestación por desempleo adecuada y a una cotización que no los asfixie, estaremos hablando de un sistema mucho más robusto. Esa combinación –estabilidad estructural, protección social y sostenibilidad económica– es la que permitirá afrontar futuras crisis con mayor resiliencia y evitar el colapso que vivimos entonces, y en eso estamos trabajando, en un ecosistema más sostenible y más fuerte.
¿Cómo preservar la memoria musical de una generación que creció sin algoritmos? Archivos y centros de documentación están infrafinanciados.
Tenemos que empezar por el reconocimiento institucional. Hay corrientes culturales que la administración ha ignorado durante años. El techno es un ejemplo. Este año hemos concedido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Oscar Mulero. El techno ha tenido un impacto cultural enorme y había sido ignorado. También estamos reflexionando sobre fenómenos como la música máquina y la ruta del bakalao de los años ochenta, que forman parte del patrimonio cultural. En cuanto a preservación material, el ministerio tiene centros de documentación y archivo. Hemos adquirido fondos literarios importantes en los últimos años. Por ejemplo, con la nueva biblioteca pública de Barcelona estamos adquiriendo fondos de autores como Juan Marsé. Con la música deberíamos hacer algo similar. Si hay patrimonio musical relevante, es responsabilidad del Estado protegerlo.
La concentración de festivales en manos de grandes fondos internacionales genera inquietud. ¿Puede intervenir el Estado?
Es una cuestión compleja. Son operaciones mercantiles sobre las que el ministerio tiene pocas herramientas directas. Solo podríamos intervenir si vulneran normas europeas de competencia. He hablado con el comisario europeo porque es un fenómeno que ocurre en toda Europa. Si hay una concentración excesiva que afecte a la competencia, podría analizarse a ese nivel. Pero es verdad que nuestra capacidad es limitada. Son operaciones privadas.
¿Dónde está el límite entre inversión legítima y control cultural?
Hay algo que me ha preocupado, y lo he dicho públicamente: la entrada del fondo KKR en algunos festivales. No fue el caso de Primavera Sound, pero sí en otros. Cuando un fondo tiene determinadas vinculaciones internacionales, uno debe vigilar que no exista una voluntad de influencia cultural. La cultura en España tiene que ser libre. No podemos impedir la libre circulación de capitales en la Unión Europea, pero sí podemos mantener un diálogo institucional con los festivales para garantizar que no haya interferencias indebidas en la programación. Eso lo hemos hecho. No tenemos herramientas para frenar inversiones privadas, pero sí para dialogar y estar vigilantes.
En fiscalidad cultural, ¿España tiene un sistema fragmentado?
En materia de fiscalidad cultural, no diría que España tenga hoy un sistema especialmente fragmentado. En estos momentos, la mayoría de los sectores culturales trabajan con un IVA reducido del 10%. La música en vivo está al 10%, los servicios de artistas también al 10%. El libro, además, cuenta con un tipo superreducido del 4%. El gran problema se produjo en 2012, cuando todo el sector cultural pasó al 21%. Aquello fue un golpe durísimo para la cultura. Desde entonces, ese incremento se ha ido corrigiendo progresivamente hasta volver a tipos reducidos en casi todos los ámbitos. Hay, sin embargo, excepciones relevantes. El arte contemporáneo sigue tributando al 21%, lo que nos sitúa en desventaja frente a países como Francia, Portugal o Italia, que aplican tipos reducidos. Ahí mantenemos una discusión abierta con el Ministerio de Hacienda, porque creo que debería equipararse al resto de sectores culturales.
En el ámbito musical conviene matizar que, aunque la música en vivo y los servicios artísticos están al 10%, la venta de soportes físicos –como los discos– continúa gravada al 21%.
Es un elemento que forma parte del debate y que demuestra que todavía quedan ajustes pendientes. Con todo, no considero que en estos momentos exista una desventaja comparativa estructural en la música en vivo respecto a nuestro entorno europeo, aunque siempre es legítimo revisar y mejorar el sistema.
En el entorno digital, ¿es injusto el reparto del streaming?
Lo es. El artista recibe una parte muy pequeña en la cadena de valor del streaming. He tenido reuniones con Spotify y otras plataformas. Pero nuestra capacidad de intervención es limitada, porque los acuerdos son entre plataformas y titulares de derechos, discográficas o artistas. Nosotros podemos actuar en fiscalidad, protección social y apoyo a programación. En el reparto privado del streaming tenemos menos margen, pero hemos trasladado la preocupación a las plataformas.
¿Quién se beneficia más del modelo actual?
Evidentemente las plataformas tienen una posición fuerte. El reparto no favorece suficientemente al creador. Esa es una realidad.
Se debate sobre la inflación de cachés y el impacto en las salas. ¿Debe regularse?
Es un debate complejo. No podemos fijar precios en el mercado artístico. Pero sí debemos garantizar que el ecosistema no se descompense. Si los cachés se disparan hasta el punto de poner en riesgo a salas medianas y pequeñas, el sistema se tensiona. La clave vuelve a ser el equilibrio.
¿Cómo se decide otorgar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes?
Hay un equipo técnico en el ministerio que trabaja las propuestas. En el caso del techno había varias figuras relevantes. Elegimos a Oscar Mulero por su trayectoria internacional. Eso no impide que en futuras ediciones se reconozca a otros artistas.
En la conferencia MONDIACULT 2025, celebrada en Barcelona, 60 países acordaron que la cultura es un bien público global. ¿Qué cambia cuando se asume ese principio?
Lo que hemos introducido es un cambio conceptual: el ministerio ya no trabaja únicamente para fomentar el consumo cultural, sino desde la perspectiva de los derechos culturales. Ese es el espíritu de MONDIACULT. La cultura no es solo un elemento de mercado, es un derecho ciudadano fundamental. En España esto se traduce en el primer Plan de Derechos Culturales y en políticas concretas: eliminar barreras por renta o territorio, impulsar un plan de igualdad en la cultura y reformar instrumentos como el bono cultural para que también pueda destinarse a la creación y la formación, no solo al consumo.
Me gustaría dejar un ministerio estructuralmente transformado. Si conseguimos consolidar una protección social real para los artistas, fortalecer el pequeño formato y asumir definitivamente que la cultura es un derecho y no un lujo, habremos dado un paso decisivo. Más música en directo, menos precariedad y un ecosistema sostenible. Ese sería el legado. ∎
